¿Por qué decimos esto último? Como expusimos al referirnos a los grandes temas ambientales regionales, la mayor amenaza que en el presente se cierne contra los grandes ecosistemas, proviene de la deforestación de los bosques para ampliar las fronteras agropecuarias o para explotar madera; de la erosión y pérdida de fertilidad de los suelos debido a malas técnicas de cultivo; de la contaminación de las fuentes de agua a causa del uso de agroquímicos, los cuales fueron paradójicamente uno de los factores que mayor influencia ha tenido en el aumento de la productividad agropecuaria; de la desertificación que se ha venido produciendo alrededor de los parajes más áridos de la Región, originada por el sobrepastoreo y algunas formas de cultivo perjudiciales para la tierra; y de la salinización de los suelos dentro de los sistemas de riego. La agricultura es la actividad económica que ocupa mayor extensión del territorio en cada país, y en su conjunto se le destina aproximadamente un 35 por ciento de todo el espacio territorial (1).

Ahora bien, ¿cuáles deben ser las estrategias que convienen adelantar para alcanzar un desarrollo sustentable de la agricultura en la América Latina y el Caribe? A nuestro juicio son tres, sin dejar de hacer notar la íntima interacción que debe existir entre ellas, como única vía para garantizar su éxito.

A.- Aumento de la productividad agropecuaria

Un aumento sostenido de la productividad agropecuaria, tanto por hectárea utilizada como por persona empleada en esta actividad, tomando en cuenta prácticas de manejo racional de los recursos naturales, permitirá atender a la vez varios objetivos fundamentales. En primero lugar, el incremento de la producción requerido para satisfacer la creciente demanda alimentaria de la población en general. En segundo lugar, una más alta remuneración a la población campesina (ver Figura 1), con lo cual estaremos reduciendo la pobreza en el medio rural. Y en tercer término, detener la expansión de las fronteras agrícolas. La progresiva y acelerada transformación de áreas de selva que desaparecen, dando lugar al establecimiento de sabanas y pastizales para la ganadería, constituye el proceso ambiental más notable por la magnitud de la superficie regional afectada y por sus efectos prácticamente irreversibles sobre los ecosistemas. En ninguna otra Región del mundo ha tenido la ganadería un impacto ambiental tan intenso como el que ha tenido lugar en América Latina y el Caribe.

La detención de este proceso, aunado a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales dentro de las extensiones actualmente ocupadas por las actividades agropecuarias redundará notablemente en la reducción de la degradación ambiental. Debe tomarse en cuenta que gran parte de la tierra habilitada por la agricultura está desperdiciada. Por ejemplo, hasta el 80 por ciento de la tierra deforestada en los bosques tropicales no se cultiva cada año, en virtud de largos barbechos forestales.

Un 30% de las tierras irrigadas no se usan debido a la salinización. Evitar el desperdicio del agua de riego, que permitiría cultivar un significativo porcentaje adicional de la tierra hoy en descanso, reduciría la salinización. Además cada hectárea podría producir más de una cosecha anual si se regularizara el riego. Por otra parte, cada hectárea en producción genera cosechas varias veces inferiores a lo que su potencial permitiría de utilizarse una tecnología más apropiada.

En verdad no hay argumentos convincentes para continuar avanzando los procesos colonizadores sobre los últimos bosques tropicales de la Región. En la Amazonía y en la Orinoquía, por ejemplo, ya existe tierra habilitada para ala agricultura y la ganadería –con acceso vial e infraestructura de servicios- que anualmente se desaprovecha en un 75 por ciento. Las inversiones en carreteras nuevas deben reservarse para la consolidación de los asentamientos existentes, en los que la primera meta debe ser el aumento de la productividad. Las carreteras nuevas en tierras vírgenes de suelos pobres, en lugar de fomentar la riqueza, estimulan el desperdicio de recursos naturales y extienden la pobreza.

Con el fin de aumentar la productividad se plantea la necesidad de acometer medidas del siguiente tenor:

Aplicación de la tecnología. Este es el campo actualmente más promisorio para aumentar la productividad. Aquí entra de lleno el amplio ámbito que nos ofrece la investigación agronómica y biotecnológica. También la introducción de sistemas integrados de producción rural (agricultura, ganadería, explotación forestal, acuicultura). Asimismo el mejor uso de tecnologías más convencionales, como la aplicación de agroquímicos, con las reservas que luego expondremos; el riego, la mecanización y la integración de esta tecnología con las tecnologías modernas o de punta. Es posible transformar la agricultura campesina en una agricultura de alto rendimiento a través del uso de tecnologías ecológicamente viables. Muchos estudios realizados señalan que la productividad agropecuaria, especialmente en la rama ganadera, es tan baja actualmente que con moderados esfuerzos y el uso de tecnologías conocidas podría incrementarse apreciablemente, de manera que sea innecesario continuar expandiendo las fronteras agrícolas con toda la carga de destrucción ecológica que ellos implica o inclusive, reducir la superficie de pasturas.
Rehabilitación productiva de los ecosistemas deteriorados y alterados. En la actualidad esto se considera un enfoque realista para resolver muchos problemas.
Precios justos a los productos agrícolas. Ha quedado demostrado que no hay factor que estimule más el aumento en la productividad agrícola que un sistema de precios verdaderamente remunerativos para los agricultores. Esta problemática está vinculada a otras políticas a las cuales nos referiremos más adelante.
Asistencia técnica-financiera a los agricultores. Sin un buen servicio de extensión agrícola es imposible divulgar el uso de las nuevas tecnologías, y sin un sistema eficiente de crédito agrícola no hay posibilidad de garantizar el financiamiento oportuno de las cosechas.

A.- INTRODUCCION DE LA RACIONALIDAD ECOLOGICA EN LA AGRICULTURA

La viabilidad de toda la estrategia de desarrollo sustentable en la agricultura, dependerá principalmente de que se llene un requisito básico: la política agrícola de los países debe marchar mano a mano con la política ambiental. Para esto es imprescindible establecer los mecanismos institucionales apropiados. Una opción aconsejable para iniciar el proceso puede ser la creación de comités de planificación agropecuaria donde participen activamente representantes del sector, de las organizaciones campesinas y asociaciones de productores, del ente de gestión ambiental y de los órganos que definen las políticas económicas y comerciales.

Como parte de la responsabilidad general de estos organismos debe iniciarse un análisis sistemático de la producción de cada rubro agropecuario, según las diferentes zonas ecológicas, para determinar tanto las vías para aumentar la productividad como los impactos ambientales que se están produciendo o pueden ocurrir, a fin de adoptar medidas para evitarlos o mitigarlos. Esta estrategia, por sí sola, no dará resultados de la noche a la mañana pero tampoco se pretende que así sea. Lo que se trata es de ir introduciendo progresivamente una racionalidad ecológica dentro del sector agropecuario, que se irá profundizando en la medida en que se aplique normas que pueden estar dentro de las siguientes categorías:

Racionalización del uso de agroquímicos dando preferencia, por ejemplo, a métodos de manejo integrado de plagas y, en la medida que sea posible, al uso de abonos orgánicos.
Promoción de técnicas de cultivo que imitan la naturaleza, como los policultivos y la agroforestería.
Programas de subsidio campesino, para restaurar cuencas hidrográficas y ecosistemas deteriorados.
Desarrollo artificial de bosques maderables en tierras marginales para ser aprovechados mediante plantes de manejo, reduciendo así la presión que se ejerce sobre los bosques naturales que se conviene en someter a explotación maderera.
Ordenamiento del uso del suelo promoviendo los cultivos apropiados de acuerdo con la vocación ecológica, todo ello en función de los plantes de ordenación del territorio.
Conservación de los suelos para controlar la erosión hídrica y eólica.
Desarrollo de sistemas agroforestales que permiten obtener tanto alimentos como elementos combustibles y madera en general.
Promoción de la agricultura donde existan condiciones ecológicas apropiadas, como vía para aumentar la producción y el empleo rural.
Asignación de un precio justo al agua para riego que estimule evitar su desperdicio.

A.- CONCURRENCIAS DE OTRAS POLITICAS

Cualquier acción destinada a incrementar sostenidamente la productividad y la producción agropecuaria, en armonía con los valores del ambiente, resultará inoperante si a la par de la naturaleza señalada no se logra la concurrencia de otra política de desarrollo. La coordinación de esta área es un requisito también indispensable. A la luz de estos objetivos, tienen que ser revisadas las políticas de precios mínimos para productos agropecuarios, de subsidios, de impuestos de distribución, de financiamiento y de protección arancelaria entre otras. En el campo de formulación de estas políticas han existido tradicionalmente flagrantes contradicciones. Los gobiernos se debaten constantemente entre dos fuerzas muy difíciles de compatibilizar: impedir la elevación de los precios de los artículos de primera necesidad o estimular la producción agropecuaria. La intervención pública se vuelve entonces casuística, espasmódica y carente de continuidad con lo cual termina por no poder atenderse ninguna de los dos objetivos anteriores. Dentro de los procesos de reforma del Estado, éste es uno de los aspectos que deberá atenderse prioritariamente: cómo cambiar el papel del Estado en la formulación e instrumentación de las políticas económica que condicionan un desarrollo agropecuario sustentable.

La justa distribución de los medios de producción y de los productos del campo ha de ser también atendida. Es dentro de este contexto donde adquieren importancia las políticas de reforma agraria para dotar a todos los agricultores de la tierra y la asistencia técnica y financiera necesitarias, así como para evitar el minifundio.

Como se sabe, la concentración de la tierra continua siendo muy elevada en la mayoría de los países. En el mejor de los casos, se han repartido tierras, pero los campesinos no han podido incidir en los precios, en los insumos y en las tecnologías, ni tampoco tener acceso a los mercados. Por otra parte, algunas distribuciones de tierra alientan la destrucción de los bosques.

Tal concepción debe variar de manera que la reforma agraria pueda atender a las particularidades de cada ecosistema, a la organización social actual y posible y a las necesidades y aspiraciones de los beneficiarios. Una acción que convendría adelantar por parte de los gobiernos es la promoción de proyectos de desarrollo sustentable a través de cooperativas o empresas campesinas, que utilicen tecnologías apropiadas a las características ecosistémicas y culturales.

En síntesis, podemos decir que ordenar la agricultura constituye un fin prioritario para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Subsanar todos los problemas señalados va a requerir una alta dosis de voluntad política, conciencia ambiental y modificación de la racionalidad económica. No todo podrá hacerse de inmediato. Lo que es importante desde ahora es ir reorientando las tendencias más negativas, de manera que en el mediano plazo pueda decirse que hemos cambiado el curso hacia un rumbo que nos conduzca al desarrollo sustentable.

(1) A nivel regional, una estimación para 1980 de los usos del suelo arrojaba los siguientes resultados: ecosistemas originales 42 por ciento; suelo urbano 0,7 por ciento; uso agrícola (ciclo corto), 8 por ciento; plantaciones 0,3 por ciento; uso ganadero 27 por ciento; áreas alteradas 20 por ciento: y eriales (degradación total), 2 por ciento.