La experiencia de CLADES le permite afirmar que las posibilidades de implementar, con éxito y masivamente, una estrategia de desarrollo rural humano y agroecológico (DRHA), depende en gran medida de la legitimidad que logre el enfoque del desarrollo sustentable al interior de la sociedad y de sus estructuras políticas.

I. Clima social favorable al desarrollo sustentable

El clima social buscado no emerge espontáneamente, sino que debe ser inducido a partir de ideas claras que encuentren eco en el sentido común de la población, lo cual significa que la ciudadanía pueda asociar dichas ideas con su bienestar directo.
Existen al menos dos estrategias complementarias para que la sociedad privilegie aquellas decisiones y acciones que fortalezcan la sustentabilidad. La primera consiste en la tarea de educación a la comunidad en los conceptos y valores de un desarrollo que propone un bienestar y que tiene por finalidad el desarrollo humano. Esta educación debe captar la imaginación de la gente y relacionar sus insatisfacciones con los beneficios potenciales de un desarrollo sustentable. Pero, para que esta educación no se agote rápidamente, es fundamental que se ligue explícitamente a un proyecto de desarrollo personal, que signifique ampliar la inteligencia emocional, la sensibilidad y la voluntad ética de las personas.

La segunda estrategia apunta a descubrir espacios reales al interior de la sociedad en los cuales es factible, en las actuales condiciones y dinámicas económicas, implementar iniciativas que fomenten la sustentabilidad. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza rural es una oportunidad singular para articular los conceptos de equidad y eficiencia económica y social con el de la sustentabilidad ambiental. Este tipo de intervenciones ayuda a que la sustentabilidad no sea percibida por la población como una restricción al desarrollo, sino como un llamado a la creatividad para el acceso a una calidad de vida superior.

Sea que se actúe por la vía de la educación, o por ejemplo de experiencias reales, o ambas a la vez, es necesario ordenar las acciones posibles en un esquema coherente que las acerque a la ciudadanía y que permita una conducta similar de las instituciones que gobiernan y regulan la sociedad.

Lo anterior hace necesario organizar las políticas de fomento al desarrollo sustentable en aquellas que fortalecen la demanda y los mercados, las que potencian la oferta y las que permiten el desarrollo.

CLADES ha diseñado un marco coherente de políticas para el fomento del DRHA, lo cual ha significado no sólo precisar políticas necesarias sino también identificar la institución responsable de cada política. Con el fin de ser aún más propositivo, se ha transformado algunos de los contenidos de las políticas más relevantes en recomendaciones específicas.

Para cumplir con su tarea, CLADES ordenó en una matriz las políticas necesarias con las instituciones correspondientes, para luego presentar en forma de recomendaciones las más relevantes.

II. Matriz de instituciones y políticas para el DRHA

En la matriz propuesta, resumida en el cuadro No 1, se han ordenado las responsabilidades de 14 tipos de instituciones en materia de incentivos para el DRHA.

En el cuadro, podemos identificar un grupo de instituciones que podríamos denominar tradicionales, porque han sido las que históricamente han diseñado políticas de desarrollo rural y, por tanto, son las que determinan las asignaciones de recursos para el medio rural. En esta categoría se encuentran el gobierno central, los ministerios, el gobierno regional y los municipios y los organismos públicos de fomento rural.

Adicionalmente, existen otras que han asumido roles cada vez más activos en el ámbito rural, cuyos criterios de acción influyen o podrían influir en el bienestar de la población rural. En esta segunda categoría se han incluido los centros de investigación tecnológicos, las universidades, los fondos públicos de capitalización rural, los organismos no gubernamentales y las organizaciones campesinas.

Por otra parte, las políticas a promover han sido clasificadas en aquellas que expanden la oferta, las que amplían la demanda y las que promueven el desarrollo.

Las políticas que fomentan la oferta son las que posibilitan el crecimiento del producto geográfico agrícola, y entre ellas encontramos las de tipo macroeconómicos, agrícolas y de desarrollo rural.

Las que expanden la demanda son las que abren mercados a los productos de la agricultura, resaltando entre ellas las que fomentan las exportaciones no tradicionales, las que crean mercados internos sustituyendo importaciones, las que aumentan la capacidad de compra de la población y las generadoras de empleo no agrícola.

Las políticas de desarrollo se pueden asociar con acciones orientadas a la educación del consumidor, creación y transparencia de los mercados, desarrollo institucional, formación de capital humano y social, ciencia y tecnología, legislación sobre organización social y derechos de propiedad, aumento de la eficiencia económica de los pequeños productores e igualdad de oportunidades para sectores socialmente discriminados.

III. Recomendaciones para el diseño de políticas específicas

En esta sección se plantea un conjunto de recomendaciones para las políticas del gobierno central y sus ministerios relacionados con la agricultura y el desarrollo rural. También se hacen recomendaciones a las universidades, centros de investigación agropecuarios y gobiernos locales.

1o. Gobierno Central

Recomendaciones:

1. Promover el desarrollo rural y la agricultura sustentable como objetivos nacionales permanentes por el impacto social, económico y ambiental que implican.
2. Educar a la sociedad urbana y rural sobre la importancia de preferir productos agrícolas libres de agrotóxicos, para de esta forma fomentar la agricultura sustentable.
3. Proponer una legislación que fomente el capital social rural como factor crucial para el desarrollo y el bienestar del conjunto de la sociedad.

2o. Ministerio de Agricultura

4. Normar y crear incentivos económicos para restaurar el potencial productivo de los ecosistemas naturales y así aumentar la oferta de servicios ecológicos.
5. Proponer una legislación que fortalezca a las fuentes no económicas de bienestar, como son la familia, la vecindad y la comunidad campesina, por el rol de agentes del desarrollo rural sustentable que pueden ellas cumplir.
6. Proponer una legislación que defina los derechos de propiedad colectivos e individuales, y asegure la tenencia de la tierra para facilitar la difusión de la agricultura sustentable.
7. Proponer mecanismos específicos que facilite a los pequeños productores, utilizando la garantía solidaria, el acceso al crédito formal, fondos rotatorios o crédito informal controlado.

   3o. Ministerios Sociales (Educación, Mujer, Infraestructura)

8. El sistema educacional urbano y rural debe contar con planes de estudios que incluyan, en forma destacada, los conceptos de calidad de vida, necesidades y potencialidades humanas, y servicios ecológicos medioambientales.
9. Fomentar iniciativas educacionales que ayuden a la formación de Empresarios Rurales Campesinos capaces de enriquecer el medio rural y manejar agroecológicamente los recursos naturales.
10. Diseñar inversiones preferenciales para la mujer campesina en el ámbito doméstico, social y de gestión económica productiva.
11. Identificar inversiones diversas que ayuden a disminuir los costos de transacción de los pequeños productores.

    4o. Universidades y Centros de Investigación Agropecuarios

12. Realizar estudios e investigaciones para identificar escenarios de desarrollo rentables y sustentables para los pequeños productores y para los jóvenes y mujeres rurales.
    
    
13. Formar profesionales para el Desarrollo Rural y la Agricultura Sustentable. (Pre y Postgrado).
    
    
14. Diseñar e implementar proyectos de investigación en aspectos tecnológicos relacionados con la agricultura sustentable.

    5o. Gobierno Locales

15. Diseñar incentivos fácilmente reconocibles por la población rural, que la movilice a organizarse para implementar un DRHA.
16. Dialogar con las comunidades para que expliciten las limitaciones existentes en el mejoramiento de su calidad de vida, para así incorporarlas a la búsqueda de caminos específicos para superarlas.
17. Diseñar sistemas de licitación de recursos para proyectos de DRHA, que incentiven a la población local a formular sus iniciativas en forma de proyectos que sean rentables y sustentables.
18. Incorporar el análisis de costo/beneficio, incluyendo consideraciones sociales y medio-ambientales, en la determinación de las actividades a implementar para el beneficio de la comunidad.
19. Fortalecer el compromiso y la identificación de la población con su localidad, a través de sellos de marca.
20. Entregar una cuenta pública sobre el uso de fondos para así mantener la confianza de la población rural en una acción gubernamental imparcial, transparente y equitativa.

*Documento elaborado por Andrés Yurjevic
Secretario Ejecutivo del CLADES