"Desarrollo sostenible" y "Gestión ambiental" se han convertido en lugares comunes en los círculos relacionados con la política de desarrollo, pero en el debate sobre estos términos se presta escasa atención al modo en que los habitantes de los países en desarrollo participan en la gestión de su base de recursos y contribuyen a la transformación de la práctica de la gestión ambiental a través de dicha participación.

Al abordar estas cuestiones en el presente trabajo se pretende corregir dos tipos de enfoques presentes en gran parte de los debates sobre desarrollo sostenible. El primero es el sesgo en favor del "gestionalismo", con predominio sobre la gestión de los recursos en sí, como consecuencia de un enfoque de "arriba a abajo" del desarrollo a escala local. El segundo consiste en la tendencia a considerar el "desarrollo sostenible" como una mera variación de los problemas actuales y la sostenibilidad como un objetivo alcanzable mediante la adaptación a los modelos de desarrollo normalizados.

En este trabajo, por el contrario, se defiende la necesidad de reconocer el concepto de desarrollo sostenible como alternativa a la visión establecida, y no como modificación de la misma. El enfoque aquí considerado refleja un modo de analizar los conflictos relacionados con los recursos (a través de la economía política) que puede no ser compartido por algunos. Se da prioridad a los determinantes estructurales de la toma de decisiones relativas al ámbito local a escala local, nacional e internacional, frente a un enfoque más interactivo o basado en los "recursos humanos". Asimismo, en el análisis se hace hincapié en que la distinción entre el interés por el medio ambiente en el Norte y el existente en las zonas desfavorecidas del sur no se debe únicamente a las condiciones materiales, sino también a las diferentes epistemologías o sistemas de conocimiento.

En los primeros apartados de este trabajo se examina el concepto de desarrollo sostenible y se intenta ampliar el debate conceptual sobre la cuestión, a fin de tener más en cuenta algunas de las contradicciones y limitaciones de las definiciones actuales. Se debate desde un punto de vista crítico la corriente de pensamiento predominante en la economía ambiental, que cuenta con la aceptación de algunos organismos internacionales de desarrollo y en la que se aboga por la utilización de cálculos del valor ambiental. Asimismo, se comparan las relativas limitaciones del tratamiento técnico realizado por los economistas con una consideración más completa de las dimensiones económica, política y epistemológica del desarrollo sostenible.

En este contexto, se analizan brevemente algunos de los nuevos enfoques de la gestión ambiental a escala local adoptados en la actualidad por los organismos de desarrollo externos. A continuación se examinan varios casos de conflicto por la utilización de los recursos que han suscitado la participación popular y los esfuerzos por lograr un mayor control local sobre el medio ambiente. El análisis se centra en las situaciones caracterizadas por la existencia de recursos naturales valiosos que han sido objeto de intensas contiendas políticas.

En el último apartado del trabajo se describe un enfoque del debate ambiental que difiere radicalmente del análisis realizado por la mayoría de los organismos de desarrollo, en cuanto se atiende especialmente el papel del poder y de la mediación política en la resolución de los conflictos ambientales a nivel loca. Se refieren experiencias de participación de las personas desfavorecidas en la gestión de recursos, con objeto de establecer una estructura de análisis en la que se considere la necesidad de la participación popular y la utilidad de la gestión ambiental a escala local como facetas complementarias del mismo problema. Es de esperar que, mediante el tratamiento de los problemas políticos asociados a la gestión de los recursos locales y el desarrollo de un análisis más riguroso de las condiciones en que se contempla a las personas desfavorecidas y a su medio ambiente en la política de desarrollo, se empiecen a identificar las posibilidades de mejora de las intervenciones políticas implícitas en las luchas y en la resistencia de las mayorías rurales del Sur.

DESARROLLO SOSTENIBLE: CONCEPTOS Y CONTRADICCIONES

El problema que plantea la expresión "desarrollo sostenible" radica en la dificultad de formular una definición general y no tautológica que conserve precisión analítica. En este sentido, es similar a muchas expresiones empleadas en temas de desarrollo, cuyo verdadero interés podría decirse que radica en su vaguedad. El significado de "desarrollo sostenible" es distinto para ecologistas, planificadores ambientales, economistas y activistas ambientales, aunque a menudo se utiliza como si existiese consenso acerca de él. Como ocurre con los términos "maternidad" y "Dios", diferentes grupos de personas recurren a esa expresión para exponer sus distintos proyectos y objetivos, tanto abstractos como concretos.

Una de las causas de la confusión conceptual acerca de la expresión "desarrollo sostenible" consiste en la inexistencia de acuerdo en cuanto a qué es exactamente lo que debe sostenerse. En algunas ocasiones, el objetivo de la "sosteniblidad" hace referencia a la propia base de recursos; en otras, al sustento que dicha base procura. Algunos autores aluden a los niveles de producción sostenibles, mientras que otros hacen hincapié en los niveles de consumo sostenibles (Redclift, 1987). Estas divergencias son importantes, ya que la mayoría de las políticas diseñadas para abordar estos problemas, incluidos los comprendidos en el ámbito del desarrollo sostenible, están orientadas fundamentalmente hacia la producción, aun cuando es el modelo de consumo en los países ricos el que impide la sostenibilidad del "desarrollo" continuo a nivel mundial.

Los distintos usos dados al concepto de desarrollo sostenible reflejan la variedad de sesgos disciplinarios, de diferencias entre paradigmas y de disputas ideológicas. En mi opinión, al menos otros dos tipos de contradicciones se ponen de manifiesto al comenzar a debatir el desarrollo sostenible.

En primer lugar, gran parte del pensamiento sobre la "sostenibilidad" se caracteriza por la distinta importancia concedida a cada cuestión. Para algunos autores, el problema principal que debe abordarse es que el "progreso humano" incide en la propia naturaleza y debe hacernos replantear tanto los "fines" como los medios del desarrollo (Devall y Sessions, 1985). Otros consideran la sostenibilidad como una cuestión importante, debido precisamente a la limitación que la naturaleza representa para la continuación del progreso humano. Básicamente, se interesan por las restricciones que se impondrán al modelo de crecimiento convencional si se ignoran las señales emitidas por el medio ambiente (imperativos biosféricos). De acuerdo con esta visión, la solución consiste en el desarrollo de tecnologías que eviten las más graves consecuencias del crecimiento económico sobre el medio ambiente o en la adopción de medidas para evaluar y "tasar" las pérdidas ambientales de un modo más realista, reduciendo así el riesgo de que sean pasadas por alto por los responsables de la formulación de políticas.

En segundo lugar, cuando se considera el "desarrollo sostenible" en el marco de las relaciones Norte-Sur, debe prestarse atención a las contradicciones impuestas por las desigualdades estructurales del sistema global (Comisión Brundtland, 1987; Redclift, 1987). Con frecuencia, las preocupaciones ecológicas en el Norte, como la búsqueda de formas de trabajo alternativas que ofrezcan una mayor compensación, pueden ser opuestas a las del Sur, donde la polémica en torno al medio ambiente no depende de la estimación de sus ventajas o de su valor estético, sino fundamentalmente del valor económico que produce su explotación.

En el Norte, los recursos naturales también son una fuente de valor y, a menudo, se plantean graves conflictos entre los que pretenden explotarlos con fines lucrativos y los que desean conservar el "paisaje". El hecho de que cada vez se tengan más en cuenta las cuestiones de conservación en las decisiones de planificación de los países desarrollados da idea del cambio de prioridades ocurrido en la evolución del "desarrollo". En las sociedades industriales urbanizadas, son relativamente pocas las personas que ven sus medios de vida amenazados por las medidas de conservación. El planteamiento de la "calidad de vida", a la que se otorga un papel tan importante en la determinación de las prioridades políticas de los países desarrollados, se debe precisamente al éxito del capitalismo industrial en la consecución de niveles de vida relativamente altos para la mayoría (aunque, desde luego, no para la totalidad) de la población.

En el Sur, en cambio, los conflictos ambientales se centran habitualmente en las necesidades básicas, la identidad cultural y las estrategias de supervivencia, y no en la creación de una válvula de seguridad dentro de un espacio urbano cada vez más congestionado. En estas circunstancias, el individuo y las familias se ven obligados a actuar "egoístamente" en su lucha por sobrevivir; no hay razón alguna para apelar al idealismo o al altruismo a fin de proteger el medio ambiente.

ALTERNATIVAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

De las dos grandes tendencias del pensamiento sobre el desarrollo sostenible, una de ellas, ilustrada por el enfoque económico de Pearce y colabores en Blueprint for a Green Economy (1989), no tiene en cuenta las contradicciones descritas anteriormente. Considera el "Desarrollo sostenible" como una modificación de la estrategia de desarrollo tradicional, no como una alternativa a la misma y, por lo tanto, adopta un enfoque limitado en su alcance y aplicación. La segunda gran tendencia, ilustrada por el Informe Brundtland, Nuestro futuro común (1987), trata el desarrollo sostenible como un concepto alternativo de desarrollo y, por consiguiente, resulta más prometedora en último término.

El debate sobre el desarrollo sostenible suelo tomar como punto de partida la definición de "desarrollo económico sostenible" propuesta por Barbier (1989). Se trata de la consecución de un nivel óptimo de interacción entre los sistemas biológico, económico y social "a través de un proceso dinámico y adaptativo de compensaciones" (Barbier, 1989). Un gran número de economistas, y en especial David Pearce, han insistido asimismo en la importancia fundamental de las "compensaciones" entre sistemas o entre necesidades presente y futuras (Pearce y col., 1989). En este sentido, se argumenta que "el desarrollo económico sostenible implica la maximización de los beneficios netos del desarrollo económico, sin perjuicio del mantenimiento de los servicios y de la calidad de los recursos naturales a lo largo del tiempo" (ibíd.), y que "el desarrollo sostenible es el que permite mantener un determinado nivel de renta mediante la conservación de las fuentes de la misma: el stock de capital natural y producido" (Bartelmus, 1987). Por tanto, para los economistas interesados por el medio ambiente, procedimientos como la contabilidad ambiental, con la que se pretende dar un valor numérico al medio ambiente y a las pérdidas ambientales, son instrumentos esenciales para el logro de una mayor sostenibilidad.

En el capítulo 3 de Blueprint por a Green Economy, Pearce y sus colaboradores plantean, partiendo de un interés declarado por la calidad ambiental, que las mejoras ambientales equivalen a las económicas "si aumentan la satisfacción social o el bienestar." (p. 52), su intención es demostrar que el desconocimiento de las cuestiones ambientales genera costos económicos. La influencia de este enfoque es cada vez mayor en organismos de desarrollo como el Banco Mundial, los organismos de las Naciones Unidas y las Overseas Development Administration (ODA) (véase Banco Mundial, 1987, 1988, 1988b). Aunque todas estas organizaciones han sido criticadas con dureza por financiar proyectos de desarrollo con efectos muy perjudiciales para el medio ambiente, como la creación de ranchos para el ganado en América Central, para muchos el nuevo enfoque que han adoptado se identifica prácticamente con el concepto de gestión eficaz desde el punto de vista ambiental en un período de tiempo relativamente corto.

Uno de los problemas principales de esta visión de la gestión ambiental es que funciona mejor en los países desarrollados que en los países en desarrollo. La mayoría de los economistas neoclásicos utilizan el principio de "disposición a pagar" como medio de valoración de los costos y beneficios y, en opinión de Pearce, la política ambiental debe re-orientarse hacia dicho principio para evitar daños futuros sobre el medio-ambiente (Pearce y cols., 1989). No resulta difícil apreciar algunas de las dificultades que plantea la aplicación e la nueva economía ambiental en los países en desarrollo. Según han demostrado Pearce y colaboradores (1989), en el Norte existe un interés general por el medio ambiente y, con frecuencia, la calidad ambiental se sitúa por delante del crecimiento económico en las encuestas de opinión pública. En el Sur, sin embargo, la urgencia de los problemas relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas hace inútiles los amplios y costosos esfuerzos por mejorar el medio ambiente. En este sentido, el intento de cuantificar la "disposición a pagar" de los países en desarrollo por la mejora de la calidad ambiental no resulta útil, ya que el acceso al sustento básico en estos países requiere habitualmente el sacrificio de la calidad ambiental en favor de la ganancia económica a corto plazo. Su capacidad de pago o su demanda efectiva de calidad ambiental son tan limitados en estas circunstancias que los intentos de alcanzar cierto nivel de "disposición a pagar" se deben considerar especulativos en el mejor de los casos.

Estas dificultades tienen importantes consecuencias para la utilidad final de los esfuerzos pro cuantificar las mediciones del valor ambiental en el Tercer Mundo. Es indiferente lo complejas o avanzadas que sean las técnicas de imputación de precios; por ejemplo, una reevaluación de la selva tropical realizada para tener en cuenta su valor ambiental "total" representaría una pequeña contribución directa a la prevención de su destrucción, aunque podría ser útil para llamar la atención sobre la escala del problema. La deuda externa de Colombia, que obliga a este país a obtener divisas, permite a las empresas multinacionales que compran madera dura en zonas protegidas, como el Choco, aparecer como salvadores de la nación, en vez de como vándalos.

En este contexto, las cuestiones relacionadas con la equidad no constituyen necesariamente un elemento menor de la utilidad total como señala Pearce (1989), sino que representan a menudo la fuerza que subyace a la degradación indiscriminada de los recursos y deben ser reconocidas como tales. El proceso de degradación ambiental, incluida la destrucción sin motivo de la selva tropical primaria debe considerase en el marco más amplio de una profunda desigualdad del régimen de tenencia de la tierra, que obliga a las personas desfavorecidas a colonizar las selvas tropicales y otras tierras sin dueño. En situaciones como las que se producen en las zonas tropicales de Colombia y Brasil, es necesario especificar el aumento de la equidad o la reducción de la pobreza como el objetivo primario del desarrollo sostenible, antes de que pueda abordarse plenamente la cuestión de la calidad ambiental.

Asimismo, resulta esencial que ampliemos el debate sobre el desarrollo sostenible para incluir en él las influencias directas de las políticas nacionales y regionales sobre las decisiones de gestión ambiental adoptadas a nivel local. A este nivel se dispone de menor capacidad para plantear con claridad una estructura de intervenciones de política, aunque se ha dado un primer paso (UICN, 1988). Hay un buen número de pruebas, muchas de ellas extraídas de la experiencia de los habitantes de entornos frágiles en favor de usos alternativos y más sostenibles a los que pueden asignarse los recursos. Además, en gran parte gracias al trabajo de Pearce y de otros economistas que se toman el medio ambiente en serio, disponemos actualmente de una base mucho mejor para llevar a cabo la contabilidad ambiental en los entornos mencionados.

Ahora bien, estos importantes avances no implican que la reformulación de la política ambiental en los países en desarrollo deba limitarse a la valoración de las "compensaciones" económicas y ambientales, ya que con ello se ignorarían otros puntos de referencia esenciales, como la economía política del uso de los recursos a escala regional y nacional y los aspectos de justicia social que constituyen el fundamento que subyace a gran parte de la degradación ambiental. La contabilidad de recursos también representa en sí misma una visión, del proceso de desarrollo muy etnocéntrica y "sesgada en favor del Norte". Si no se presta atención al análisis de las decisiones relativas al uso de recursos y a los efectos de las estructuras de las relaciones sociales y de poder sobre dichas decisiones a escala comunitaria en el Sur, no podremos influir en el comportamiento de las personas que talan las selvas primarias para ganarse la vida.

Un enfoque más acertado a la larga que estas visiones fundamentalmente económicas del desarrollo sostenible, es el adoptado en el informe de la Comisión Brundtland, Nuestro Futuro Común (Comisión Brundtland, 1987). Aunque el concepto económico del descuento desempeña un papel clave en el informe, Brundtland aborda directamente la ampliación del alcance del debate sobre la sostenibilidad para incluir la consideración de factores no económicos. En el contexto del debate sobre el desarrollo sostenible, hace hincapié en los aspectos relacionados con las necesidades humanas y no en las compensaciones entre los sistemas económico y biológico. Aunque los efectos futuros del desarrollo económico actual constituyen uno de los ejes del informe, los costos y los beneficios (presente y futuros) no se valoran únicamente a partir de consideraciones económicas, sino también en función de las condiciones políticas, sociales y culturales.

De hecho, Brundtland preparó un temario de marcado carácter político para cambiar las prioridades del desarrollo, tanto en el Norte como en el Sur, sin abandonar el lenguaje del consenso. ".El desarrollo sostenible es un proceso en el que la explotación de los recursos, la dirección delas inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional están en armonía, y en el que se estimula el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas" (Comisión Brundtland, 1987).

Uno de los aspectos importantes que deben tenerse en cuenta en el enfoque adoptado por la Comisión Brundtland, es su consideración del desarrollo sostenible como objetivo de la política, enfoque metodológico, normativo y auténtica culminación de las aspiraciones de desarrollo. Muchos economistas reconocen la importancia de las consideraciones normativas, pero pocos estarían dispuestos a afirmar tan rotundamente como Brundtland que, en ausencia de este tipo de objetivos normativos, las mejores metodologías y políticas resultan irrealizables. Brundtland no duda en otorgar la responsabilidad de la resolución de los problemas ambientales y de la movilización de la voluntad política para superarlos a las instituciones y actividades humanas. Aunque en el informe se expresa un compromiso con la convergencia y el consenso, y no con la divergencia y el conflicto como medio de lograr el desarrollo sostenible, el mensaje de Brundtland (de gran interés en el Sur, así como en el Norte) es que, si no se produce una redefinición de las relaciones que vinculan a los países en desarrollo con los desarrollados, el desarrollo sostenible se convertirá en una quimera.

Cabe destacar que algunos autores, como Robert Chambers que contribuyeron al proceso Brundtland, adoptan un enfoque caracterizado por una mayor "orientación humana" que la refleja en el informe. Chambers aboga por la utilización de una "garantía de sustento sostenible" como concepto integrado (Chambers, 1988). Para él, la sostenibilidad de la base de recursos carece de sentido si no se considera conjuntamente con los actores humanos que gestionan el medio ambiente. Gordon Conway también insiste en los actores humanos del desarrollo.

En un conjunté de importantes trabajos, defiende que ".la sostenibilidad es la capacidad para mantener la productividad, ya sea de un terreno, una explotación agraria o una nación a pesar de las tensiones o con mociones" (Conway y Barbier, 1988). En un principio, Conway había analizado desde un punto de vista fundamentalmente ecológico la capacidad de los sistemas naturales para afrontar las perturbaciones que les afectan, y esto le indujo a buscar la definición de un concepto que incluyese la idea de la perturbación de los sistemas, pero que abordara, además, el contexto de toma de decisiones en el que operan los hogares rurales desfavorecidos.

Se ha dejado a sociólogos y antropólogos la profundización en el debate sobre la actuación humana en el desarrollo sostenible. En este contexto, la participación de las personas en la gestión ambiental a nivel local y la relación entre la aplicación de las estrategias de autorización y la consecución de un desarrollo sostenible son cuestiones esenciales que deben analizarse.

LAS MULTIPLES DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Con el objeto de crear un marco conceptual adecuado para analizar la cuestión de la participación en el desarrollo sostenible, es necesario identificar las múltiples dimensiones de este concepto. Hay tres dimensiones que requieren nuestra atención la económicas la política y la epistemológica.

1. La dimensión económica

Como se ha señalado al mencionar el debate sobre la contabilidad ambiental, gran parte del debate económico se ha desarrollado al nivel de la demanda anticipada presente y futura, valorando los costos en función del crecimiento económico al que debe renunciarse por prestar una mayor atención a los factores ambientales.

Fue John Stuart Mill, en sus Principios de Economía Política (1873), quien hizo hincapié en la necesidad de proteger la naturaleza del crecimiento desenfrenado si se quiere preservar el bienestar humano antes de que aparezcan rendimientos decrecientes. Anteriormente, Malthus había insistido en los límites dela capacidad productiva del medio ambiente, aunque se centró en los efectos adversos de la presión de la población sobre el consumo, y no en la repercusión de la degradación ambiental en sí misma.

El interés de Mill por el medio-ambiente, que hoy identificamos como parte de la tradición alternativa y sostenible de pensamiento, no ha sido contemplado pro la tendencia dominante de la teoría económica en este siglo. En consonancia con le mayor optimismo de Ricardo al valorar el potencial de la tecnología para superar las limitaciones impuestas por la disponibilidad de recursos, la tradición más reciente se ha caracterizado por la confianza en un espíritu prometeico humano que induce a la sociedad a realizar avances científicos y tecno9lógicos capaces de "retasar" el momento en que el crecimiento de la población comienza a ser excesivo para los recursos disponibles.

Este optimismo se vio quebrantado, aunque no destruido, por la publicación de Limits to Growth a principios de la década de 1970 (Meadows y cols., 1972). En esta influyente obra se afirmaba la escasez real de recursos naturales, socavando así el supuesto de que la humanidad seguiría superando los obstáculos planteados por la naturaleza. En la década de 1970 (en especial a partir de la crisis del precio del petróleo), el crecimiento económico puso en peligro al planeta, debido en especial a que el afán de crecimiento había dado lugar al abandono del medioambiente, del cual depende dicho crecimiento. Veinte años más tarde, la situación en el mundo desarrollado es diferente; en la actualidad, comenzamos a ser conscientes de qué es el daño al medioambiente, causado por la fuerte dependencia respecto a los combustibles fósiles necesarios para el crecimiento económico, el que pone en peligro nuestra capacidad de continuar manteniendo una sociedad industrial. Los erectos externos, entre los que destacan el efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono, no son consecuencia de la escasez, sino de la imprudencia e insostenibilidad características de los sistemas de producción.

2. La dimensión política

En la dimensión política del concepto de sostenibilidad aparecen dos elementos distintos pero relacionados: la influencia que debe atribuirse a la acción del hombre y a la estructura social, respectivamente, en la determinación del proceso político a través del que se gestiona el medioambiente, y la relación entre conocimiento y poder en cuanto a la resistencia popular frente a las visiones que predominan en el mundo respecto al medioambiente y a los recursos. En ambos casos resulta útil recurrir a un corpus de teoría social emergente que ha evolucionado y ganado en credibilidad a medida que la ecología ha adquirido importancia.

El problema de la acción del hombre sobre el medioambiente ha sido recogido con profusión en la bibliografía, especialmente por los geógrafos (O´Riordan, 1989). Asimismo, figura entre las cuestiones fundamentales tratadas por los sociólogos, aunque son escasas las ocasiones en que se relaciona con los aspectos ambientales propiamente dichos. El sociólogo británico Anthony Giddens ha dedicado considerable atención a lo que describe como teoría de la "estructuración", que nos permite reconocer el papel que desempeñan los individuos en un contexto estructural amplio en el afán pro mejorar sus intereses individuales o de grupo (Giddens, 1984). ".Un aspecto inherente a la acción desarrollada por los actores humanos es la capacidad de éstos para comprender lo que hacen mientras lo hacen" (Giddens, 1984). Lo importante es su capacidad de comprensión como actores. Aun cuando Giddens no aplica sus ideas específicamente a las cuestiones ambientales, estas ideas tienen una clara utilidad cuando se considera cualquier aspecto de las dimensiones política y social de la sostenibilidad.

Un análisis de las formas de contienda por el poder nos facilita la explicación de la acción humana en la gestión del medioambiente y la base fundamental de los conflictos ambientales. En este sentido, resulta útil distinguir entre el modo en que los actores humanos dominan la naturaleza (lo que se ha denominado "recursos de asignación") y la dominación ejercida por algunos actores humanos sobre otros (conocida por "recursos de autoridad" (Giddens, 1984). La gestión y los conflictos ambientales están relacionados con los dos procesos mencionados: el dominio de un grupo de personas sobre otros grupos y de las personas sobre la naturaleza. No es de extrañar que el desarrollo, la continuación de estrategias de obtención del sustento más sostenibles tengan importantes consecuencias para las formas de entender el poder entre los grupos de personas y para el propio medioambiente. En el temario "verde" no se contempla únicamente las cuestiones ambientales ajenas al control del hombre, sino también las implicaciones que para las relaciones sociales tienen el sometimiento del medioambiente a dicho control.

Una segunda cuestión de importancia al considerar la dimensión política de la sostenibilidad, es la referida a la relación entre conocimiento y poder, que a menudo es pasada por alto por los observadores de los países desarrollados cuando dirigen su atención a las sociedades más desfavorecidas. Como veremos más adelante, la consideración de la epistemología en el desarrollo sostenible, tiene considerables implicaciones para el presente análisis, ya que afecta a las raíces culturales de tradiciones de conocimiento completamente diferentes. Asimismo, es importante destacar que, de todos modos, existe una vinculación entre conocimiento y poder, como señala Foucault en gran parte de su obra (Smart, 1985; Sheridan, 1980). De acuerdo con Foucault, cabe distinguir tres ámbitos de resistencia a los efectos "universalizadores" de la sociedad moderna, que resultan especialmente útiles en la determinación de respuestas populares, en particular de las personas desfavorecidas del medio rural, a las intervenciones externas diseñadas para gestionar el medioambiente de distintas formas.

El primer tipo de resistencia se basa en la oposición a las relaciones de producción de las sociedades rurales o en la marginación respecto a dichas relaciones. Se trata de una resistencia la explotación e incluye los intentos de agricultores, ganaderos y otros grupos de hacerse fuertes ante las nuevas formas de dominación económica, que están al margen de su control y con las que no pueden negociar.

El segundo tipo de resistencia se centra en las categorías étnicas y sexuales y con ella se pretende eliminar la dominación del individuo por grupos más poderosos cuya identidad étnica o sexual les ha conferido una posición política superior. En muchos caos, la única estrategia disponible para los grupos de personas cuyas prácticas ambientales se ven amenazadas por intrusos y cuyos propios conocimientos, poder e identidad están estrechamente vinculados a dichas prácticas, es distanciarse de estos "intrusos" mediante, por ejemplo, el refuerzo de las barreras étnicas entre ellos y los demás.

Por último, las personas rurales desfavorecidas se resisten con frecuencia al sometimiento a una visión mundial que no pueden adoptar, de forma muy parecida a como los habitantes de los países desarrollados se enfrentan a menudo con teorías "totalizadoras", como el psicoanálisis o el marxismo. En el Sur es habitual que los profesionales del desarrollo recurran a un conjunto de técnicas de intervención en el medioambiente natural derivadas en gran parte de la experiencia acumulada en los países desarrollados. El "gestionalismo ambiental" es una forma de describir estas técnicas. El rechazo de la subordinación a una visión del mundo dominada por valores y supuestos fundamentalmente ajenos caracteriza la resistencia al sometimiento. Esto no implica que tal resistencia equivalga necesariamente a la lucha política, con independencia de su propio fundamento. Con frecuencia, las personas que carecen relativamente de poder a causa de la devaluación de sus sistemas de conocimiento o de la falta de poder económico resisten de un modo que se asemeja a la pasividad; no expresan sus opiniones y parecen "respetuosos" con los intrusos poderosos; pero, en realidad, no cooperan.

3. La dimensión epistemológica

Habitualmente no se hace referencia a las cuestiones epistemológicas en el debate sobre el desarrollo sostenible. Se supone que el sistema de adquisición de conocimientos en el Norte, basado en la aplicación de principios científicos, constituye una epistemología universal. Lo que no es "conocimiento científico" apenas merece nuestra atención. Esta visión, basada en la ignorancia sobre nuestra propia forma de pensar y sobre la epistemología de otras culturas, no resulta muy productiva. Goonatilake (1984) nos recuerda que los mapas cognitivos de primer orden no incluyen únicamente a la ciencia occidental y que en Asia, por ejemplo, los sistemas de creencias religiosas han tenido habitualmente menos problemas para abordar el razonamiento "científico" que la tradición judeocristiana. No obstante, la ubicuidad de la ciencia occidental ha llevado a la fragmentación del conocimiento tradicional en el Sur, cada vez más alejado del paradigma científico dominante.

El filósofo Feyerabend, en su influyente obra "Farewell to Reason", distingue entre dos diferentes tradiciones de pensamiento, que resulta útil comparar con el conocimiento "científico" y "tradicional". La primera, que se corresponde prácticamente con la epistemología científica, es la tradición abstracta. Esta nos permite ". realizar afirmaciones (que están) sometidas a ciertas reglas (lógicas, de comprobación y de argumentación) y los sucesos afectan a las afirmaciones únicamente conforme a dichas reglas. Es posible realizar afirmaciones científicas sin haber satisfecho ni uno solo de los objetivos descritos." (Feyerabend, 1987). Propone como ejemplos de este tipo de tradición la física de las partículas elementales, la psicología del comportamiento y la biología molecular. Por el contrario, denominaciones históricas a las características de las sociedades de pequeño tamaño. En estas tradiciones epistemológicas, "los objetivos cuentan de antemano con su propio lenguaje", y el objetivo de la investigación es comprender este lenguaje. Con el transcurso del tiempo, gran parte del conocimiento adquirido por las personas que permanecen al margen de la corriente principal de la ciencia, especialmente en los países en desarrollo, se codifica en rituales, observancias religiosas y prácticas culturales de la vida diaria. En la sociedades que distinguen alegremente entre "cultura" y "tradición", dichas prácticas pueden ser ignoradas con facilidad, aunque constituyen con frecuencia la clave para comprender la utilización del conocimiento ambiental en las sociedades rurales de pequeño tamaño.

De algunos de los casos descritos brevemente en los apartados siguientes del presente trabajo se deduce que una visión de la epistemología basada únicamente en la experiencia acumulada en el Norte no galvanizará la opinión de personas como los trabajadores brasileños del caucho o las mujeres indicas del movimiento Chipko. Al observar las estrategias de gestión de recursos locales, es necesario admitir que nos encontramos ante una multiplicidad de epistemologías, características de diferentes grupos de personas. Además, la existencia de cuestiones ambientales globales y la cobertura de estas cuestiones por parte de los medios de comunicación nos obliga a considerar los vínculos existentes entre las epistemologías locales (que han evolucionado en su totalidad a partir de su propio encuentro con otros sistemas de pensamiento y constituyen sistemas "tradicionales" no fijados) y los sistemas globales de conocimiento.

LAS PERSONAS DESFAVORECIDAS DEL MEDIO RURAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE: INTERVENCION EXTERNA - CONOCIMIENTO INTERNO

En la primera parte del presente trabajo se ha pretendido extender la definición de "desarrollo sostenible" mediante la ampliación del alcance del debate y la consideración de las dimensiones de la sostenibilidad que habitualmente no se incluyen en los parámetros de la mayoría de las intervenciones del Norte en materia de política ambiental. Con ello se contribuye al conjunto todavía reducido de obras en las que se analizan las conexiones entre el conocimiento ambiental local, los procesos políticos y la gestión de los recursos (Mc Neely y Pitt, 1985; UICN, 1989; Norgaard, 1985). Cabe esperar que la ampliación del debate nos permita comprender el fundamento de las prácticas sostenibles "auténticamente existentes", facilitando así una toma de decisiones más cualificada sobre la dirección que debe seguir las políticas en el futuro. En el resto del presente trabajo se utiliza la estructura del desarrollo sostenible anteriormente descrito para considerar el papel de las entidades externas y el conocimiento local desde una perspectiva de la gestión de los recursos realmente participativa.

Debido a la utilización de una epistemología científica por parte de los responsables de la gestión ambiental en el Norte, es frecuente que los "expertos" en desarrollo desprecien la contribución del conocimiento local a la planificación y las políticas ambientales y den por supuesta la "participación" de la población local en el desarrollo sostenible. Con todo, no está claro el modo en que las personas desfavorecidas pueden conservar sus sistemas de conocimiento y llevarlos a la práctica en el marco de las actividades de desarrollo, ni la razón para hacerlo mientras "participen" en los proyectos de otras personas.

Es importante que la población rural perciba los problemas que se le presentan en la vida diaria como "problemas ambientales". A pesar de ello, las "respuestas" proporcionadas por el Estado y otras instituciones externas contienen supuestos sobre lo que es beneficioso para el individuo y sobre el modo de gestionar el medioambiente de modo más eficaz (Blauert, 1990). DE hecho, las entidades externas suelen abordar sus propios problemas y no los de la población rural desfavorecida o los de su medio ambiente. Para la mayoría de las personas desfavorecidas de las zonas rurales, para lasque el contacto diario con el medioambiente se da por supuesto, es difícil, si no imposible, separar la gestión de la producción de la gestión ambiental, y ambas forman parte de la estrategia de obtención del sustento del hogar o del grupo. Cada vez es mayor el número de organismos de desarrollo, especialmente las ONG que trabajan en los países en desarrollo, que reconocen que el enfoque sectorial "basado en un solo problema" que adoptan la mayoría de los organismos oficiales de política y planificación impide una valoración factible de las opciones de desarrollo sostenible.

La demanda actual de enfoques de la gestión ambiental más participativos a nivel local es fruto del nulo reconocimiento de la importancia de la participación popular en informes influyentes como los de Brandt (1980) y los de Brundtland (1987) o el documento original sobre la estrategia de conservación a escala mundial (1980). Dicha demanda también permite constatar la menor probabilidad de que los gobiernos nacionales ignoren la opinión internacional cuando ésta recibe el apoyo popular y de las comunidades de base.

Asimismo, la demanda de mayor participación refleja otra variable significativa: en las décadas de 1970 y 1980, un influyente corpus de conocimientos y diversas intervenciones metodológicas pusieron de manifiesto la importancia de recopilar los conocimientos de la población desfavorecida mediante la investigación de los sistemas de explotación agraria, de la agroecología y de las "técnicas rápidas de evaluación rural". Sin embargo, los aspectos culturales y políticos de estos avances en la comprensión del problema apenas se tuvieron en cuenta. La estructura social y la acción política siguieron estando fundamentalmente al margen del temario de la política de desarrollo que afecta directamente a la población y recibieron escasa atención en los debates sobre el medio ambiente natural.

El problema de la pobreza rural y del medioambiente ha sido planteado frecuentemente en función de las tecnologías disponibles y apropiadas, mientras que formas más reflexivas e iterativas de colaboración con la población rural de los países en desarrollo se han aplicado exclusivamente a cuestiones relativamente marginales" como el desarrollo de las comunidades.

Los antropólogos, por ejemplo, han encontrado a menudo aliados imprevistos en los ecologistas, ya que ambos grupos han tenido experiencias negativas de los proyectos de desarrollo a gran escala (Ewell y Poleman, 1980).

Parecía como si el compromiso financiero de una organización con los objetivos de "desarrollo" fuese inversamente proporcional a la intención de favorecer el reconocimiento de los derechos de las personas desfavorecidas basado en los conocimientos las prioridades y la política de éstas. Una de las consecuencias de este hecho, con la que nos enfrentamos en la actualidad es que la mayoría del conocimiento ambiental, incluido el relativo a la gestión, se transmite del Primer al Tercer Mundo y de los grandes organismos de desarrollo a los supuestos beneficiarios del cambio.

En el informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, Nuestro Futuro Común (1987), se estableció el temario para el debate actual sobre medioambiente y desarrollo. A pesar de la agudeza de su análisis, la sencillez de su estilo y la claridad de su exposición, el aporte de la Comisión Brundtland es relativamente escaso en lo que respecta a la participación popular en la gestión ambiental a nivel local. Salvo unos breves pero útiles apartados, en el informe apenas se aborda el reconocimiento de los derechos locales, hasta su conclusión, en la que, tras dar cuenta de las medidas internacionales necesarias para lograr un desarrollo más sostenible, se menciona de forma concisa la participación popular.

"El progreso también se verá facilitado por el reconocimiento, por ejemplo, del derechos de los individuos a conocer y a acceder a la información disponible sobre el estado del medio ambiente y de los recursos naturales, el derecho a ser consultados y a participar en la toma de decisiones relativas a las actividades que tengan efectos significativos para el medio ambiente y el derecho de aquellos cuya salud o medio ambiente hayan sido o puedan ser gravemente afectados a plantear recursos legales y a recibir reparaciones" (UICN, 1987; 330).

Aún cuando estas cuestiones no se desarrollan en el informe y el tratamiento de la participación popular en la gestión ambiental es meramente superficial, estas pocas frases representan un compromiso de inmenso valor que merece ser tenido en cuenta por la comunidad internacional y los gobiernos nacionales. De pronto, se vincula la cuestión del desarrollo sostenible a los derechos humanos, y los derechos mencionados en el informe (a conocer, a ser consultados) se especifican en función de los beneficiarios del cambio. Se da a entender que la participación no es simplemente un medio de asegurar la eficacia de "nuestro" desarrollo (a través de una mayor atención a factores como la creación de empleo), sino que constituye un medio de garantizarles su sostenibilidad mediante la posesión de los derechos sin los que no puede ser lograda.

En el borrador actualmente en circulación del documento World Conservation Strategy for the 1990s (Estrategia de conservación a escala mundial para la década de 1990). Elaborado por la UICN, el PNUMA y el WWF, pueden encontrarse pruebas de un mayor interés por la participación en el medio ambiente y por los derechos de las personas desfavorecidas. Este documento, que únicamente existe en forma de borrador, plantea hasta cierto punto la falta de atención prestada a dichas personas en World Conservation Strategy (1980). En el debate sobe "política, planificación, legislación e instituciones" (pp. 137-144) se hace especial hincapié en las obligaciones que supone para los gobiernos consultar a las personas desfavorecidas, facilitar su participación en la toma de decisiones y poner información a su disposición, en el marco de una estrategia de desarrollo más sostenible. Asimismo, se reconoce que "debe prestarse especial atención a la participación de las mujeres y de los pueblos autóctonos" por parte de los gobiernos y de los organismos inter-gubernamentales (p. 138).

En la última parte del documento se abordan las estrategias locales de desarrollo sostenible y se afirma que debe brindarse a las comunidades locales la oportunidad de elaborar sus propias estrategias "expresando sus puntos de vista sobre las cuestiones, definiendo sus necesidades y aspiraciones y formulando un plan de desarrollo de su zona para satisfacer sus demandas económicas y sociales de modo sostenible" (p. 156). Estas actividades deben basarse en el consenso, al igual que las estrategias regionales y nacionales a las que contribuyen. La consecución de "un consenso a escala de comunidad sobre el futuro de una zona" requiere la consulta de otros intereses no comunitarios y la celebración de acuerdos con los mismos, así como la puesta en marcha de "un foro y de procesos mediante los cuales la propia comunidad pueda alcanzar un consenso sobre el desarrollo sostenible de la zona" (p. 157).

Sin embargo, en la práctica, la gestión ambiental a nivel local en la mayoría de los países en desarrollo se deja en manos de organismos ejecutivos escasamente apreciados y caracterizados por las carencias de personal y de financiación. En la nueva estrategia de conservación a escala mundial se contempla la necesidad de realizar cambios legislativos como condición previa a la aplicación con éxito de las estrategias de desarrollo sostenible, pero no se aborda el análisis de las fuerzas a nivel local, nacional e internacional a las que habría que recurrir para garantizar el cumplimiento de la legislación y la aplicación de las decisiones de gestión local. De hecho, en este documento se comparten algunos supuestos de gran parte del debate sobre "participación" siendo propugnada ésta en función de un consenso social que rara vez existe en la práctica, especialmente en las zonas más amenazadas delos países en desarrollo. Si no analizamos las estructuras de poder específicas en relación con el medio ambiente, corremos el peligro de caer en un optimismo excesivo respecto al potencial de la negociación y del acuerdo. De hecho, corremos el peligro de sumergirnos en nuestra propia retórica y de no identificar los procesos políticos subyacentes cuya comprensión facilitaría la formulación de una mejor política ambiental.

Tabla 1
Conflictos Sobre la Gestión de Recursos: Formas de Resistencia

CONFLICTOS SOBRE LA GESTION DE RECURSOS: FORMAS DE RESISTENCIA

En la tabla 1 se señalan algunas de las variables importantes para el análisis de los conflictos sobre la gestión de recursos a nivel local. Respecto a los casos descritos, cabe destacar la fuerte polémica existente sobre los recursos en cuestión y la implicación de grupos de presión internacionales en los conflictos relacionados con dichos recursos. Muchos delos conflictos sobre la gestión de recursos locales en los países en desarrollo carecen del carácter fuertemente politizado de las disputas de Chipko o de los trabajadores brasileños del caucho, que han atraído la atención de los medios de comunicación y se han convertido en un elemento fundamental de los temarios de desarrollo no alternativo. No obstante, éstos y otros conflictos, como los de los colonos de la frontera boliviana y de la explotación forestal independiente en el Choco de Colombia, ilustran la inadecuación de las intervenciones ambientales basadas en la aceptación del consenso existente y en la ignorancia de las luchas sociales y políticas que subyacen a las disputas ambientales.

Los conflictos ocurridos en la India entre los activistas de Chipko, las compañías madereras y el Gobierno indio son bien conocidos y han sido debatidos exhaustivamente en la bibliografía (Bandyopadhyay, Guha, 1989; Shiva y Bandyopadhyay, 1986, Kunwar, 1982). Asimismo, las luchas de los trabajadores brasileños del caucho en el Amazonas para instituir su derecho a utilizar la selva de un modo sostenible ha recibido una amplia cobertura sobre todo a partir del asesinado de su líder, Chico Mendes. Las luchas de estos trabajadores han tenido una difusión mundial, especialmente a través de la prensa y la televisión, pero las circunstancias precisas del conflicto requieren una explicación adicional (Schwartzman, 1989; Hecht y Cockburn, 1989; Hecht, 1989).

De acuerdo con Schwartzman (1989), hay unos 1,5 millones de personas en el Amazonas brasileño que dependen de la selva para su supervivencia. De éstos, cerca de 300.000 trabajan en la obtención sostenible de caucho natural. De hecho, la mayoría de los trabajadores del caucho, como otros sectores de la población de la selva, participan en actividades al margen de laque representa su mayor fuente de ingresos, como el cultivo de pequeñas plantaciones de arroz, judías o mandioca, la ganadería y la caza en la selva. Además, cultivan y explotan árboles frutales, palmeras y otras especies selváticas. El sistema de producción de los trabajadores del caucho ". parece ser indefinidamente sostenible. Pese a que muchas zonas de selva tropical han sido ocupadas por trabajadores del caucho durante más de 60 año y algunas familias han habitado en las mismas tierras durante 40 o 50 años, un 98% de éstas sigue conservando su estado natural" (Schwartzman, 1989).

La diversidad de las fuentes de ingreso se refleja en distintos aspectos de la cultura de los trabajadores del caucho: su dieta es mucho más variada que la de la mayoría de los grupos urbanos; sus ingresos medios en efectivo, si bien no son altos, equivalen al doble del salario mínimo en Brasil, y su sensibilización respecto a los vínculos entre sus medios de vida y el mantenimiento de la diversidad ecológica les ha permitido presentar el suyo como un caso convincente de desarrollo sostenible. Si se considera que este caso ha recibido una atención especial, debe tenerse en cuenta que la mayoría de las demás actividades económicas desarrolladas en el Amazonas recibe subvenciones muy superiores y, habitualmente, provoca efectos desastrosos.

El interés de las actividades de los trabajadores del caucho desde el punto de vista de la gestión de los recursos locales reside en dos importantes cuestiones. En primer lugar, a diferencia de la mayoría de las medidas conservacionistas recomendadas a los gobiernos del Sur en la actualidad, las reservas extractivas propugnadas por los trabajadores del caucho no constituyen simplemente otra "estrategia de gestión" culturalmente ajena impuesta a una población caracterizada por su escasa disposición o su indiferencia respecto a la misma. La idea de las reservas extractivas parte de una iniciativa organizada emprendida por grupos de las comunidades de base del Amazonas y por organizaciones nacionales y diseñada para cambiar la orientación de la política oficial de desarrollo regional en beneficio de la población local. Puesto que el concepto de reserva extractiva fue creado por un movimiento social, su aplicación no depende de los organismos gubernamentales, muy alejados de la realidad amazónica. Las comunidades de la selva han presentado su modelo a las instituciones de crédito gubernamentales y multinacionales como estrategia potencial para su consideración en un contexto más amplio del desarrollo sostenible.

En segundo lugar, las actividades de los trabajadores del caucho, pese al carácter local de su sostenibilidad, producen una plusvalía aprovechable por el conjunto de la sociedad: se trata de un movimiento que no se limita a un desarrollo en el ámbito local, sino que también genera un impulso fuera del entorno inmediato de los serizlgueiros (trabajadores del caucho).

Los otros dos casos presentados en la tabla son menos conocidos. Los colonos tropicales referidos en le tercer caso en su mayoría habitantes de los Andes bolivianos que emigraron a las tierras bajas de la provincia de Santa Cruz en la décadas de 1960 y 1970 en busca de tierras. Centraron su actividad en el cultivo del arroz para su comercialización, pero las dificultades asociadas a la tala de árboles en la selva y a la inseguridad del mercado del arroz han llevado a algunos de ellos a acometer (con el apoyo oficial de algunos sectores) un sistema de explotación agraria mixto en el que se incluye el arroz, los cultivos perennes y la producción pecuaria a pequeña escala. En Redclift (1987) se describen los problemas de gestión que plantea un sistema más sostenible en una zona en la que los conflictos sobre la tierra se ven agravados por el contrabando y el tráfico de cocaína.

El último caso hace referencia al conflicto entre un organismo colombiano competente en materia ambiental (INDERENA) y los habitantes de la zona del Choco, una reserva situada en la costa tropical del Pacífico colombiano. Estas personas recibían 10 dólares por metro cúbico de madera dura que talaban en una reserva forestal con sierras mecánicas prestadas por Cartón de Colombia, una compañía multinacional que operaba en este país. Cada cargamento de madera dura debía ser transportado hasta el puerto de Buenaventura por mar, en una balsa de fabricación casera. Existía un considerable resentimiento en la zona motivado por los intentos, habitualmente inútiles, del personal de INDIRENA de evitar este tipo de talas. Para las personas dedicadas a tales actividades ilegales, éstas representaban una estrategia esencial de obtención del sustento y nunca faltaban hombres dispuestos a reemplazar a los que no sobrevivían al peligroso viaje por mar. Asimismo, cabe mencionar que Cartón de Colombia es un importante patrocinador de las actividades ambientales en Colombia (como la conferencia organizada por INDERENA a la que asistí).

La tragedia de la explotación forestal de la madera en el Choco, incluso a la escala relativamente pequeña que practican los colonos "independientes", radica en que, con el suficiente apoyo oficial, podrían aplicarse alternativas sostenibles para la zona. Se cree que en el Choco se encuentran "acaso las comunidades vegetales de mayor diversidad del mundo y un elevadísimo número de especies locales y regionales endémicas" (Budowski, 1989). Dos estrategias sostenibles en particular han llamado la atención, ya que su aplicación no supone graves perjuicios para la diversidad biológica de la región y permitiría obtener un sustento digno a una gran cantidad de personas. En primer lugar, la producción de alimentos se concentraría en las ricas rieras fluviales en las que, con la ayuda de combinaciones agrosilvícolas, podría mantenerse a mayores grupos de población. En segundo lugar, si se promocionaran los sistemas de silvicultura sostenible, especialmente en los pantanos y en las selvas secundarias, se abrirían numerosas oportunidades para los colonos de la región. El potencial para la obtención de un rendimiento sostenible en las pesquerías de agua dulce de la zona es aún mayor (Budowski, 1989, 276). Por último, no hay duda de que el valor ecológico global del Choco es tan importante que los esfuerzos internacionales encaminados a fomentar las actividades locales de investigación y las estaciones de investigación dentro de la región vinculadas a las comunidades locales nos permitirían avanzar enormemente en nuestro conocimiento sobre todo de las zonas de selva mejor drenadas. Cada uno de los casos referidos en la tabla se relaciona a lo largo del eje horizontal con cuatro dimensiones del conflicto: las oportunidades alternativas para la utilización de recursos en la zona, las demandas políticas de los participantes en los diversos movimientos sociales, los puntos de tensión y las formas de resistencia empleadas en el conflicto y la forma de intervención estatal externa utilizada para mediar en la situación. En los casos del movimiento Chipko y de los trabajadores del caucho, el conflicto gira en torno a la defensa de una utilización de los recursos o de una forma de obtención del sustento previamente existentes y sostenibles. En el caso de los colonos bolivianos, se disponía de una alternativa sostenible a la utilización de recursos existentes, pero no existían los incentivos necesarios para hacerla atractiva para la población. El marco de incentivos y de medidas de política en la región boliviana de Santa Cruz favorecía la realización de cálculos de beneficio a corto plazo frente a la consideración de la sostenibilidad a más largo plazo, aunque los riesgos derivados de la comercialización también amenazaban la rentabilidad obtenida por los colonos dedicados a la agricultura. En cuando al Choco, las actividades individuales de explotación forestal se emprendían al margen de las estructuras comunitarias: la búsqueda de oportunidades individuales de obtención del sustento era contraria a la estructura legal formal, si bien estaba "apoyada" por una poderosa compañía multinacional.

Los puntos de tensión de los conflictos son diferentes y el interés de los actores externos por los mismos varía enormemente , en especial en lo que se refiere al compromiso del Estado para interceder a favor de un grupo y no de otro. Además, es imposible considerar dichos conflictos como cuestiones al margen de pautas más generales de influencia sobre los gobiernos implicados y, en un sentido más general, sobre la modificación de nuestra sensibilización respecto a la urgencia de las cuestiones ambientales. Aunque los actores locales parecen alejados de la mayoría de la población, no solamente del Norte, sino también de las ciudades indias o latinoamericanas, sus esfuerzos dan idea de la interdependencia existente entre las fuerzas económicas y las relaciones de poder. Antes de considerar la necesidad de analizar estas relaciones de poder más detalladamente, conviene reflexionar sobre el valor potencial de un enfoque de la gestión de recursos en el que se reconoce explícitamente la importancia de la participación popular. A la vista de los casos descritos y de otros similares, resulta obvio que las formas de actividad política sobre el medio ambiente presentan una gran variación, por lo que no deberíamos esperar, que dicha participación popular siga una única trayectoria. Por otra parte, debe hacerse hincapié en que, en el curso de los conflictos sobre los recursos naturales, se suscitan nuevas prioridades y oportunidades de desarrollo y se ponen éstas al alcance del discurso popular. La determinación de las trayectorias de desarrollo no se limita a las oficinas de los expertos que trabajan para el Banco Mundial o de los observadores académicos, sino que pasa a formar parte de las preocupaciones de los sujetos afectados pro las mismas. Además, la resistencia frente a los efectos "totalizadores" de la incorporación a la sociedad moderna, incluso en la periferia geográfica, puede llevar a la formulación de demandas que deban negociarse con gobiernos y con entidades internacionales.

Con todo, el compromiso con un discursos más democrático por parte de los gobiernos o de las instituciones internacionales de desarrollo sólo representa una de las diversas posibilidades cuya probabilidad de concreción depende en gran medida del papel desempeñado por grupos e instituciones de apoyo como las ONG, los grupos internacionales de presión y las clases sociales. La mediación entre demandas contrapuestas y la resolución pacífica de las mismas pueden ser el resultado de los conflictos sobre los recursos, pero es inútil suponer que puedan alcanzarse este tipo de acuerdos generales y que la consecución de una mejor gestión ambiental sea virtualmente imposible sin ellos. En el debate sobre medio ambiente y desarrollo que mantienen los organismos internacionales no suelen identificarse alternativas al consenso ni al papel que el reconocimiento de los intereses en conflicto puede desempeñar en la elaboración de las políticas. Cuanto más detalladamente analicemos los conflictos obre la gestión de los recursos, mayor será la necesidad de prestar atención a los mecanismos políticos y sociales a través de los cuales se encauzan y expresan los intereses en el medio ambiente. Por ello, en el último apartado del trabajo se aborda esta cuestión, tanto tiempo ignorada en los debates sobre gestión de recursos.

RECURSOS EN COFLICTO: PODER, RESISTENCIA Y CAMBIO SOCIAL

En la primera parte de este trabajo se ha señalado que los conflictos sobre el medio ambiente pueden analizarse respecto a tres dimensiones: la económica, la política y la epistemológica, y que el poder y la resistencia son aspectos complementarios de la misma situación estratégica. Además, se ha indicado que el modo de considerar el medio ambiente en las distintas culturas se corresponde con la diferentes tradiciones epistemológicas de pensamiento. No debemos suponer que el conocimiento, ya sea "local" o "científico", puede desvincularse con facilidad de las pautas de comportamiento, de las formas de gestión de os recursos o del modo de expresar resistencia frente a los intentos de otros de asumir dicha gestión.

La reconsideración actual del análisis económico comúnmente aceptado y la mayor importancia concedida a los aspectos ambientales, sobre todo en algunos organismos de desarrollo, son factores que influyen en la configuración de las herramientas utilizadas por los responsables de la formulación de políticas de los países desarrollados, aunque existen limitaciones a las posibilidades globales que estas técnicas ofrecen. Un debate serio sobre la participación en la gestión de recursos (y un análisis del problema) exige la consideración de la amplia gama de demandas que dicha gestión de los recursos naturales implica. No debemos pretender mejorar la gestión de recursos en un marco conceptual apolítico y normativo creado por nosotros mismos. Debemos tener en cuenta la política de recursos propugnada por las poblaciones del Sur, sobre todo porque su conciencia política se forja a través del contacto con los organismos externos de desarrollo, las instituciones de planificación y los responsables de la formulación de políticas.

La articulación de las demandas que rigen la utilización de los recursos naturales pasa inevitablemente por el ejercicio del poder y por la resistencia al mismo. Por tanto, la constatación de que las demandas ambientales afectan al contenido y a la forma de las relaciones sociales no debe considerarse una sorpresa. Dichas demandas dan lugar a nuevas relaciones sociales y de poder, guardando muchas de ellas un inquietante parecido con las relaciones a las que han sustituido. En algunos casos, se realiza una ruptura radical, a través de la cual se democratizan o se amplían las relaciones existentes, pero no hay garantías de que las nuevas relaciones de poder creadas sean más estables. En toda estrategia de confrontación subyace el intento de transformar las relaciones de poder, de encontrar un mecanismo estable que sustituya el libre juego de las fuerzas antagónicas. Sin embargo, por la historia podemos comprobar que no existen garantías de alcanzar estos objetivos fronterizos de Brasil y los habitantes de los pueblos de la India no demandan la eliminación del Estado o de la legislación, por el contrario insisten en obtener del Gobierno el respeto de derechos contemplados por la tradición y por la ley.

El enfoque de las relaciones de poder descrito en este trabajo puede utilizarse en el análisis de los conflictos sobre recursos ambientales entre actores humanos. Por ejemplo, los movimientos campesinos pueden contenerse mediante una cadena de organismos estatales a través de los cuales se desplieguen y se reformulen las relaciones de poder (Harvey, 1989). El conocimiento de los puntos débiles y fuertes de esta cadena permitiría a los movimientos presionar sobre los primeros, con objeto de atacar los segundos en última instancia. Si comenzamos por identificar los puntos de tensión más importantes en la sociedad local y los conflictos que éstos generan, podremos observar la resistencia a la aplicación específica del poder y la transformación de ésta, la introducción de nuevas tácticas y el abandono de los mecanismos tradicionales.

Teniendo en cuenta estos puntos, podemos proponer un conjunto de cuestiones que nos ayuden a establecer mejores directrices metodológicas para el análisis comparativo del cambio micropolítico en relación con el medio ambiente. Resulta útil comparar, los diferentes modos en que los grupos buscan el control y la gestión de los recursos y las implicaciones concretas de estas estrategias para los organismos externos cuyo cometido consiste en contribuir a la canalización y la expresión de las demandas locales. Debemos analizar detenidamente el modo en que los distintos grupos establecen relaciones de poder mediante el control de los recursos y el cambio que estas relaciones experimentan en el tiempo. En este sentido, pueden plantearse las siguientes cuestiones:

1. ¿Cómo limitan o alientan los cambios legislativos e institucionales el compromiso de los grupos con formas específicas de acción política sobre el medio ambiente? ¿Qué grupos han integrado con mayor éxito sus microestrategias con otras de mayor alcance compartidas por otros miembros de la sociedad? La constatación de que diferentes grupos sociales defienden concepciones distintas de "sostenibilidad" dotadas de implicaciones para su propia acción política, hace más urgente la vinculación de las demandas locales con una resistencia social más amplia.
2. ¿Cómo afecta la recomposición de las relaciones de poder a la prioridad política concedida a una gestión de recursos más sostenible? Las nuevas estrategias de mediación o de dominación política, ¿reducen la viabilidad de ciertas alternativas mientras que aumentan la de otras?

3. ¿Cómo modificar los conflictos sobre los recursos las trayectorias de los distintos grupos sociales? ¿Canalizan éstos sus demandas ambientales únicamente en el ámbito institucional o forman grupos que ponen de manifiesto las divisiones fundamentales del conjunto de la sociedad? ¿Cuáles son los efectos sobre las ONG y los organismos gubernamentales de la intervención para garantizar las demandas ambientales a largo plazo? ¿Es posible que, como espera la Comisión Brundtland, una mayor comunicación entre los organismos de desarrollo permita plantear la urgencia de las prioridades ambientales ante los círculos competentes en materia de formulación de políticas?

Estas preguntas se plantean como contribución a la resolución de algunas de las cuestiones conceptuales y metodológicas relativas a la gestión local de recursos. La identificación de los puntos de tensión de los sistemas locales de poder y la comparación de sus implicaciones para los distintos grupos, que suelen disponer de sistemas epistemológicos diferentes, nos permitirá poner de manifiesto los cambios a través de los cuales el medio ambiente se convierte en objeto de disputas económicas, sociales y política. Las lecciones del pasado y del presente son fundamentales para cualquier estrategia de resistencia y de liberación, pero la realización de los análisis necesarios y la entrega de éstos a los desposeídos por el proceso de desarrollo es nuestra responsabilidad.

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